La Fundación por la Justicia recuerda que la lucha contra la corrupción garantiza la transparencia
La visita de la delegación de Azerbaiyán, organizada por la Fundación por la Justicia, intensificó ayer sus conocimientos acerca de cómo articulan las ONGD españolas la Participación y la Transparencia. En una mesa redonda, celebrada en el Colegio Mayor Rector Peset, cinco organizaciones enclavadas en Valencia explicaron sus esfuerzos para reducir la brecha entre la ciudadanía y la Administración.
La vicepresidenta de la Fundación por la Justicia, Ana Móner, explicó el nacimiento de la entidad, como respuesta al funcionamiento ineficiente de la Justicia. Enumeró las cinco claves del funcionamiento de la fundación:
1.- Formación en Inserción Social: dotando a la población reclusa de habilidades sociolaborales. En este sentido, Javier Vilalta, director de la Fundación por la Justicia, recordó que la participación ciudadana siempre es excluyente. No cuenta ni con mujeres maltratadas, refugiados, reclusos o inmigrantes sin papeles. Y puso en valor el Festival de Cine organizado por la entidad sin ánimo de lucro, para garantizar la comunicación de las personas invisibles en la sociedad.
2.- Pacto contra la Corrupción: impulsado por la Fundación por la Justicia, con 99 propuestas aplicables elaboradas por 28 especialistas. La lucha contra la corrupción, insistió Móner, es la garantía absoluta de la Transparencia.
3.- Agricultura Ecológica: proporcionando técnicas agrícolas para mujeres, jóvenes e inmigrantes.
4.- Escuela Matinal en el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret: con la llegada de la crisis, nos encontramos con familias que no pueden atender ni los desayunos de sus hijos. Esta escuela garantiza la atención infantil desde que los padres tengan que dejar a sus hijos para irse a trabajar hasta que arranquen las clases. Lo hacen con actividades lúdicas, desayuno y aspectos básicos de higiene.
5.-Justicia restaurativa en El Salvador: condena moral de los responsables de crímenes de guerra, genocidios y violaciones de Derechos Humanos. La Fundación por la Justicia lucha para documentar la memoria de las víctimas, por medio de presentación de denuncias en los tribunales que eviten la impunidad.
Emilia Bolinches, responsable de Acicom, relató la razón de ser de su entidad, centrada en el Derecho a la Libertad de Expresión. Bolinches despertó la atención de la delegación azerbaiyana, anunciando el estreno de una película el próximo noviembre en Valencia, centrada en el Azerbaiyán de después de la Segunda Guerra Mundial.
Jaume Durà transmitió los esfuerzos de CEAR para que las personas refugiadas puedan participar también en los asuntos comunitarios. Recordó que el año pasado, España recibió 16.000 solicitudes de asilo, de personas provenientes sobre todo de Siria o Ucrania. Durà explicó los pasos desde que un refugiado llega a nuestro país: tiene derecho a un recurso de acogidda y a Sanidad Pública entre 6 y 10 meses. Transcurrido medio año desde su llegada, tiene derecho a un puesto de trabajo. El debate se animó con la partipación de Farasat Gurbanov, director del Consejo de Estado de ONGD, quien compartió su preocupación por la situación humanitaria que viven las personas desplazadas de Siria: "Hemos visto disparar a refugiados, morir por congelación o vivir en tiendas de campaña sin siquiera comida". Gurbanov se lamentó de "la escasa preocupación de la UE acerca de la emergencia siria".
Juan Viesca, representante de la Fundación Finnova, trasladó los programas europeos para lograr la inserción laboral del 50% de jóvenes españoles en paro, a través de un programa de retorno en condiciones aceptables. E insistió en la necesidad de que los ayuntamiento respeten la Participación: aquellos consistorios sin programas en los que los ciudadanos decidan las prioridades, no reciben fondos comunitarios.
La Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana, con 25 años de experiencia, expulso sus fórmulas de crowfunding y la Semana de la Pobreza como herramientas para mantener la Transparencia y combatir la corrupción.
La delegación está encabezada por Azay Guliyev, miembro del Parlamento de Azerbaiyán y de la Administración Presidencial, Presidente del CSSN y Vicepresidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); Farasat Gurbanov, Director del CSSN; Galib Nabiyev, Director de la ONG "Progreso Social"; Israyil Isgandarov, Director de la Unión Pública UMID y Paola Casagrande, Coordinadora General de la ONG Stop Metsamor Coalición internacional.
Se enmarca dentro del programa SEDA (2011-2016) financiado por USAID, cofinanciado por el gobierno de Azerbaiyán, e implementado por el East West Management Institute (EWMI), con el objeto promover la participación ciudadana en el desarrollo socio-económico del país.