LIFE Sector Público, una ayuda legal para la Administración Pública, la empresa privada y la ciudadanía afectadas en Valencia
El martes 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana y, más concretamente, la provincia de Valencia, se vio perjudicada por una corriente de agua de una potencia inimaginable que fluyó por accidentes geográficos naturales como el barranco del Poyo. En concreto, este punto se desbordó masivamente después de que se abrieran las compuertas de una presa que no podía retener durante más tiempo el agua contenida en su interior. Las fuertes lluvias contribuyeron a aumentar el nivel de agua de dicha construcción, que se llenó en menos tiempo del previsto inicialmente por los técnicos, quienes informaron a las autoridades en varias ocasiones. La fuerza con la que la corriente transcurrió por el barranco del Poyo fue tal que éste se desbordó, arrollando a su paso municipios como Catarroja y Torrente. También se han visto afectadas localidades como Alfafar, Massanassa y Paiporta (considerada por la Agencia EFE, El País y otros medios de comunicación como el punto cero de la tragedia).
En noviembre de 2024, la Agencia Tributaria publicó en el BOE la lista oficial de las localidades perjudicadas: un total de 78 puntos de la provincia entre los cuales se incluye la propia capital autonómica: Valencia. Bajo el nombre de PEDANÍAS SUR, el Gobierno agrupa a los municipios que los valencianos conocen popularmente como Poblats del Sur (Poblados del Sur). Entre estos pueblos, nos encontramos con El Palmar, que tiene su espacio en la literatura española valenciana, con Vicente Blasco Ibáñez y Cañas y barro.
A fin de reconstruir todo lo que ha quedado reducido a escombros, y devolver la gloria a un paraje natural como el de la Albufera, y a los pueblos que durante décadas se han dedicado al cultivo de la naranja, del arroz y a la industria de la seda, las diversas administraciones necesitan ayuda para gestionar los contratos públicos ante la DANA. Esta situación anómala exige una rapidez de actuación que implica tramitar las ayudas lo antes posible.
Fuente: Pixabay.com
Tras la DANA y la presa sólo queda actuar rápido
Los abogados de LIFE Sector Público han identificado cuatro ámbitos a los que las administraciones públicas (también las de Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Baleares y Aragón) han de prestar especial atención, agendándose las herramientas, la mano de obra y los materiales necesarios para solventar: la retirada y limpieza de residuos, la reparación y reconstrucción de infraestructuras (carreteras, puentes, edificios públicos, sistemas de prevención de inundaciones...), la atención al ciudadano (alojamiento temporal, orientación psicológica, ayudas económicas...) y los servicios técnicos (por ejemplo: evaluar los daños o dirigir las obras).La contratación pública se convierte en algo vital para que la Administración pueda cubrir las necesidades de la sociedad. Con 25 años de experiencia, más de 2.500 expedientes (documentos de contratación pública) gestionados y cobertura a nivel nacional, LIFE Sector Público busca aportar su granito de arena tas la tragedia de Valencia como consultora especializada en ayudar a las administraciones públicas y a las empresas privadas a ponerse en contacto para, de forma legal y regulada, coordinarse y acelerar la vuelta a la normalidad de las personas que han salido perjudicadas tras los hechos sucedidos a finales del pasado mes de octubre.
Acceder a las licitaciones públicas
Un total de 22 abogados forman el equipo profesional que está detrás de LIFE Sector Público. Como su mismo nombre indica, estos profesionales están capacitados para acompañar a la Administración Pública en la contratación de los servicios que la ayudarán a cumplir con sus obligaciones, a la par que también asesora a las empresas del sector privado que pueden ajustarse a las necesidades solicitadas por la Administración.El proceso oficial por el que se piden, perciben y consideran las ofertas de las empresas privadas para ser contratadas públicamente recibe el nombre de licitación. En principio, las compañías más eficientes, y las que mejor se ajustan a los requerimientos de la Administración Pública, son las que ésta escoge preferentemente en situaciones tan complejas como la del 29 de octubre. Los hechos sucedidos han causado el fallecimiento de más de 200 personas identificadas oficialmente. La Moncloa apunta que 8 de los muertos perdieron la vida por causas ajenas a la fuerza del agua.
Madrid también ayuda a la Comunidad Valenciana
El impacto de la DANA en la contratación pública es evidente. Uno de los sectores que también se ha visto afectado ha sido la industria editorial. De hecho, hace una semana se publicaban las fechas oficiales de la Fira del Llibre, que se extenderá desde el 24 de abril hasta el 5 de mayo. Para (entre otras cosas) facilitar la afluencia de personas e impedir que los daños en las vías de tren impidan las compras que ayudarían a remontar muchas librerías afectadas, ha sido necesario invertir 192 millones de euros, emplear una media de 300 personas y utilizar 170 máquinas al día. De esta forma, en un mes y tres semanas (aproximadamente), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciaba que las líneas de cercanías C1 y C2 estaban funcionando en todos sus tramos. Con ello, también se ha pretendido garantizar que los ciudadanos valencianos puedan retomar el uso del transporte público en sus desplazamientos hasta la universidad y el trabajo,
¿Quiénes se benefician con LIFE Sector Público?
Los abogados de LIFE Sector Público llevan más de 20 años ofreciendo sus servicios como especialistas en licitaciones, consultoría, asesoría, gestoría, abogacía, contratos públicos y derecho administrativo. Hoy día, brindan una atención presencial en sus oficinas de Calle de Velázquez (Madrid). En Google, disponen de una puntuación de 5/5 que se apoya en comentarios positivos en los que se resalta la excelencia del despacho.LIFE Sector Público se convierte, por tanto, en un intermediario reconocido legalmente que beneficia a:
La Administración Pública, que necesita empresas que proporcionen los productos y servicios que los ciudadanos demandan,
Las empresas privadas que quieren gestionar licitaciones para servir a la sociedad, aparte de conseguir que la Administración Pública sea un cliente más de sus respectivas carteras.
