El Palacio de Santa Bárbara, un bonito edificio "escondido" en la Plaza de San Nicolás de València
Este palacio de Santa Bárbara ubicado en la plaza de San Nicolás, fue construido en el siglo XV por Baltasar Chulià y Muñoz, señor de Godella, Rocafort, Benilodeig, Benimuslem, Forna y Mislata, y más tarde heredado por los barones de Santa Bárbara.
Tanto si lo observamos por fuera como por dentro podemos observar una tipología tradicional de las casas nobiliarias del gótico civil valenciano, con las salas en torno a un patio central -en este caso dos- y la distribución jerárquica de las alturas.
A pesar de las sucesivas reformas y cambios sufridos desde época medieval, el palacio de Santa Bárbara conserva en buen estado sus patios interiores, los salones decorados con pinturas murales del siglo XIX, los suelos con azulejos decorados y los bellos artesonados de madera.
Las pinturas murales mejor conservadas son las que se encuentran en el actual Salón de Plenos, antes conocida como Salón de las Chimeneas, que era también usado como comedor. Durante la Guerra Civil la casa fue incautada y dedicada a Entidad Bancaria siendo despojada de todos los bienes muebles de algún valor.
Excepto en el período de la València capital de la República, fue siempre residencia particular de los barones de Santa Bárbara hasta que en 1988 fue adquirido y posteriormente rehabilitado por la Generalitat Valenciana para su uso administrativo en unas obras dirigidas por los arquitectos Vicente González Móstoles y Alejandro Pons Romaní.
Es sede del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
En la actualidad el Palacio de Santa Bárbara de la Plaza de San Nicolás, es sede del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, una institución estatutaria de la Generalitat que emite dictámenes jurídicos sobre las consultas del Consell, de los ayuntamientos, de las diputaciones y de las universidades públicas.
Además, también publica anualmente una memoria de recomendaciones que eleva a la Presidència de la Generalitat. Este órgano es el garante de que la Administración actúa de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
